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Desde el 4 de abril de 2025, España se ha unido al creciente número de jurisdicciones de la UE (como Francia, Italia o Bélgica, entre otras) que exigen un intento real de resolución extrajudicial antes de presentar la mayoría de demandas civiles y mercantiles.
El nuevo régimen, introducido por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero (la “Ley de Eficiencia Procesal”), constituye uno de los esfuerzos europeos para descongestionar los tribunales y promover los métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC).
1. ¿Qué reclamaciones se ven afectadas?
La obligación se aplica a prácticamente todas las reclamaciones de carácter económico o indemnizatorio en los órdenes civil y mercantil, entre ellas las más habituales:
- Impago de rentas y procedimientos de desahucio residencial o comercial (salvo medidas urgentes).
- Reclamaciones de deudas y facturas impagadas (monitorios).
- Incumplimientos contractuales y reclamaciones de indemnización.
- Responsabilidad extracontractual (incluidos daños personales y materiales).
- Vicios de la construcción y responsabilidad profesional.
- Reclamaciones de consumidores (salvo las tramitadas mediante el sistema oficial de arbitraje de consumo).
- La mayoría de acciones derivadas de contratos mercantiles (contratos de compraventa de acciones, distribución, agencia, suministro, prestación de servicios, etc.).
2. ¿Qué asuntos quedan excluidos del MASC obligatorio?
La ley excluye expresamente los procedimientos en los que las partes carecen de poder de disposición o cuando prevalece el interés público, entre otros:
- Conflictos laborales (individuales y colectivos, que cuentan con su propio sistema de conciliación).
- Derecho de familia (filiación, custodia, alimentos).
- Concursal y procedimientos de insolvencia.
- Contencioso-administrativo (cuando interviene una Administración pública).
- Penal.
- Existencia de cláusulas arbitrales (cuando las partes ya han pactado someterse a arbitraje).
- Determinadas medidas cautelares urgentes (como los embargos).
- Ejecución de títulos.
- Procedimientos europeos de reclamación de deudas (Reglamentos 1896/2006 y 861/2007).
- Reclamaciones de menos de 2.000€ (exención opcional en algunos supuestos).
3. ¿Qué métodos MASC son admisibles?
El potencial demandante puede elegir libremente el método, siempre que quede debidamente documentado:
- Mediación
- Conciliación
- Dictamen de experto
- Oferta confidencial vinculante
- Negociaciones directas entre las partes
El proceso se considerará finalizado sin acuerdo cuando se produzca cualquiera de los siguientes supuestos:
- Transcurran 30 días naturales desde la recepción de la solicitud sin celebrarse la primera reunión o sin obtener respuesta escrita.
- Transcurran 30 días desde una propuesta concreta sin respuesta escrita.
- Pasen 3 meses desde la primera reunión sin alcanzarse un acuerdo (prorrogable por acuerdo expreso).
- Cualquiera de las partes comunique por escrito el fin de las negociaciones.
4. ¿Cómo formalizar los acuerdos alcanzados?
El intento de MASC debe acreditarse mediante documentación: por ejemplo acta, correos electrónicos o certificado notarial.
El acuerdo debe formalizarse por escrito, firmado por las partes, indicando participantes, fecha, lugar y obligaciones asumidas. Puede elevarse a escritura pública y resulta vinculante.
Las partes pueden exigirse recíprocamente formalizarlo ante notario. Si una parte no accede, la otra podrá otorgar unilateralmente la escritura, previa solicitud cursada a través del notario.
El contenido del acuerdo es confidencial; solo debe comunicarse al tribunal el intento realizado y el método empleado. Mediadores y conciliadores están sujetos a secreto profesional.
5. Representación y defensa
La asistencia letrada no es obligatoria, salvo en caso de oferta confidencial vinculante superior a 2.000€.
Si alguna parte desea ser asistida con abogado, deberá indicarlo en la solicitud de MASC o dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la propuesta, notificándolo a la otra parte, que tendrá a su vez 3 días para decidir si también desea nombrar abogado.
6. Efectos sobre la prescripción y la caducidad
La prescripción se interrumpe (o se suspende la caducidad) desde el momento en que queda acreditado el intento de comunicación de la solicitud —en el domicilio, lugar de trabajo o medio electrónico habitual entre las partes—.
El plazo permanece interrumpido hasta que (a) se firma el acuerdo o (b) finaliza el proceso sin acuerdo. Si no se celebra la primera reunión ni se obtiene respuesta en 30 días naturales, el plazo vuelve a transcurrir.
Existen reglas complementarias según el método MASC utilizado.
7. Consecuencias de incumplir la obligación
No acreditar el intento de MASC conllevará la inadmisión automática de la demanda. Ya se están rechazando demandas presentadas tras el 4 de abril de 2025 sin el certificado o documento correspondiente o que no cumple con requisitos.
El demandante deberá iniciar el proceso nuevamente, lo que puede suponer un coste significativo en tiempo y dinero.
8. Impacto práctico (primeros 7 meses – noviembre 2025)
- Valoraciones iniciales: según el Colegio de la Abogacía de Madrid, “los primeros meses han puesto de manifiesto graves problemas prácticos: criterios dispares entre juzgados, inseguridad jurídica en la acreditación del MASC y un aumento de la carga burocrática que dificulta el acceso a la justicia. Es esencial corregir estas deficiencias para que la ley cumpla su finalidad sin generar más obstáculos a la ciudadanía y a la abogacía”.
- Persistencia de la incertidumbre: falta regulación secundaria y persisten zonas grises.
Queda pendiente de regulación secundaria (de desarrollo):
- Antes del 3-4-2027: regulación del MASC cuando intervenga una administración pública.
- Antes del 3-4-2026: estatuto del tercero neutral en cualquier MASC (mientras tanto, se aplica el estatuto del mediador de la Ley 5/2012 y la normativa autonómica).
- Congestión judicial: paradójicamente, los primeros meses han aumentado los incidentes procesales (inadmisiones), pero se prevé una reducción de juicios civiles ordinarios a finales de 2026.
9. Recomendaciones para empresas y despachos
i. Actualizar plantillas contractuales
Incluir cláusulas MASC específicas en todos los nuevos contratos (arrendamientos, distribución, SPAs, pactos de socios, etc.). Mejores prácticas: designar mediación o conciliación y nombrar un centro reconocido.
ii. Crear protocolos internos de MASC
Cartas tipo, calendarios de negociación de 30 días, designación de “responsables de acuerdos”.
iii. Formación de equipos comerciales
Los departamentos de ventas y cobros deben saber que la acción judicial ya no es el primer paso.
iv. Revisar los plazos de prescripción
El intento de MASC interrumpe prescripción y caducidad desde su inicio formal.
Conclusión
El MASC obligatorio previo a la demanda ya está transformando la cultura procesal en España, pues, aunque la mediación y la conciliación ya estaban reconocidas y fomentadas, nunca habían sido obligatorias.
Es probable que la incertidumbre inicial requiera ajustes legislativos en 2026 y 2027, pero el mensaje es claro: llegar a un acuerdo antes o afrontar la inadmisión y los retrasos y costes asociados.
Las empresas y despachos que adapten desde ahora sus contratos y procesos internos obtendrán una ventaja estratégica y económica notable en el nuevo panorama procesal español.
Para obtener más detalles o modelos de cláusulas MASC en inglés y español, no dude en ponerse en contacto con el autor.
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*(ENG) Spain Introduces Mandatory Pre-Action ADR for Most Civil and Commercial Claims – Effective 4 April 2025
Since April 4th 2025, Spain joined the growing list of EU jurisdictions (including France, Italy, Belgium, amongst others) that require a genuine attempt at out-of-court resolution before filing most types of civil and commercial lawsuits.
The new regime, introduced by Organic Law 1/2025, of January 2nd (the “Procedural Efficiency Law”) represents one of the attempts in Europe to unclog the courts and promote alternative dispute resolution (ADR).
1. Which claims are affected?
The obligation applies to almost all monetary and compensatory claims that fall within the civil and commercial jurisdictions, including the most common ones:
– Unpaid rent and residential/commercial eviction proceedings (except urgent measures)
– Debt recovery and overdue invoice claims
– Contractual breach and indemnity claims
– Non-contractual (tort) liability, including personal injury and property damage
– Construction defects and professional liability
– Consumer claims (unless brought through the official consumer arbitration system)
– Most actions derived from commercial contracts, such as share purchase agreements (SPAs), distribution, agency, supply and service contracts
2. What is NOT subject to mandatory ADR?
The law expressly excludes proceedings where the parties have no real power of disposition or where public interest prevails:
– Labour law disputes (individual and collective, subject to their own conciliation system)
– Family law (filiation, custody, maintenance)
– Insolvency and bankruptcy
– Administrative law (where litigation involves a public authority)
– Criminal proceedings
– Arbitration clauses (if the parties have already agreed to arbitrate)
– Certain urgent interim measures (e.g. freezing orders)
– Enforcement claims
– European collection claims (EU Regulation 1896/2006 or EU Regulation 861/2007)
– Claims below €2,000 (optional exemption in some cases)
3. Which ADR methods are acceptable?
The plaintiff has complete freedom to choose the method, provided it is properly documented:
- Mediation
- Conciliation
- Expert’s opinion
- Confidential binding offer
- Or mere interparty negotiations
The process is terminated without agreement in the following cases:
• The lapsing of 30 calendar days, counted from the date of receipt of the request, without holding the first meeting or contact or without obtaining a written response.
• When, once the negotiating activity has begun, 30 days have elapsed since the date of a specific proposal for an agreement without a written response being reached or obtained.
• The lapsing of 3 months from the date of the first meeting without the agreement having been reached. The term may be extended by mutual agreement of the parties.
• If any of the parties writes to end the negotiations, leaving a record of this.
4. How to formalise the agreements resulting from ADRs?
The ADR attempt must be evidenced by written minutes, e-mails or a notarial certificate.
The agreement that puts an end to the negotiating activity must be formalized in a document, to be signed by the parties, which states all the details of the participants, date and place and obligations assumed, and may be made in a public deed.
Its content may relate to part or all of the matters subject to negotiation and is binding on the parties.
The parties may compel each other to formalize the agreement reached in a public deed. If the requested party does not comply with the request from the other, it may be granted unilaterally by the applicant, and the request must be made through the notary authorizing the public instrument.
Confidentiality of the content is strictly protected; only the fact of the attempt and the method used must be disclosed to the court.
Intervening third parties such as mediators and conciliators are bound by professional secrecy.
5. Representation and defence
The assistance of a lawyer is not compulsory, except in case of confidential binding offer exceeding 2k€.
In the event that any of the parties requires lawyer assistance, this must be stated in the ADR request or within 3 days from the date of receipt of the proposal by the receiving party, notifying the other party, so that the latter can also decide to use a lawyer within 3 days of receipt of the latter notification.
6. What is the effect of ADRs on statute of limitations?
The statute of limitations is interrupted (or the period of expiry of actions is suspended) from the date on which the attempt to communicate the request to the other party is recorded – at the personal domicile, at the workplace or by the electronic means of communication used by the parties in their previous relations.
Both (interruption or suspension) continue until the earliest of (a) the date on which the agreement is signed or (b) the negotiation is terminated without an agreement. The statute of limitations restart to run if the first meeting aimed at reaching an agreement is not held (or a written response is not obtained) within 30 calendar days from the date of receipt of the invitation.
Other complementary rules apply depending on the ADR method used.
7. Consequences of non-compliance
Failure to prove the existence of an ADR attempt will lead to automatic inadmissibility of the relevant Court claim. Courts are already rejecting claims filed after 4 April 2025 that lack the required certificate or document reflecting the negotiating activity.
The plaintiff will have to start the process again, which can signify a costly mistake.
8. Practical impact (first 7 months – November 2025)
– Initial assessments: according to the Madrid Bar Association “the first months of the law have revealed serious practical problems: disparate criteria between courts, legal uncertainty in the accreditation of ADRs and an increase in the bureaucratic burden that hinders access to justice. It is essential to correct these deficiencies so that the law fulfils its purpose without generating more obstacles to citizens or the legal profession”.
– Remaining uncertainty: The wait for secondary regulation as well as a certain lack of imprecision leaves some grey areas.
Secondary legislation should be approved according to the following calendar:
– Before 3-4-2027 -2 years from the entry into force of LO 1/2025-, regulating ADRs when one of the parties is a public administration;
– before 3-4-2026 -1 year from the entry into force of LO 1/2025-, regulating the statute of the neutral “third party” intervening in any of the ADR -until its approval, the personal statute of the “mediator” provided for in L 5/2012 and, where appropriate, in regional legislation will apply-.
– Court congestion: Paradoxically, the first months have seen a temporary increase in procedural incidents (inadmissibility motions), but the legal profession forecasts a drop in new ordinary civil trials by the end of 2026.
9. Recommendations for in-house counsel and law firms
i. Update templates immediately
Include a specific ADR clause in all new contracts (leases, supply, distribution, SPAs, shareholders’ agreements). Best practice: designate mediation or conciliation as the default method and appoint a recognised centre.
ii. Create internal ADR protocols
Standard letters, 30-day negotiation timelines, appointment of internal “settlement officers”.
iii. Train commercial teams
Sales and credit-control staff must know that legal action is no longer the first option.
iv. Review limitation periods
The ADR attempt interrupts prescription and limitation (caducidad) from the moment it is formally initiated.
Conclusion
Spain’s mandatory pre-action ADR is already reshaping civil litigation culture, as even if pre-trial mediation and conciliation were already recognised and even encouraged, they were not compulsory.
While the transitional uncertainty will probably require legislative fine-tuning in 2026 and 2027, the direction is clear: settle early or face inadmissibility and attendant delays and costs.
Companies and practitioners who adapt their contracts and internal processes now will gain a significant strategic and financial advantage in the new Spanish litigation landscape.
For further details or model ADR clauses in English and Spanish, feel free to contact the author.